La mayoría de asistentes fueron empleados de la Municipalidad de Amatitlán, de distintas dependencias; quienes por la naturaleza de sus labores manejan información que es de interés público.
Ésta Ley, contenida en el Decreto 57-2008, fue sancionada el 22 de octubre de 2008, por el Presidente Álvaro Colom Caballeros. Fue publicada en el Diario Oficial el 23 de Octubre del 2008, y entró en vigencia el 21 de Abril del 2009
Tiene por objeto: 1. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley; / 2. Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales, así como de las actualizaciones de los mismos; / 3. Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública; / 4. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública y para los sujetos obligados en la presente ley; en sus primeros cuatro artículos.
La Ley de Acceso a la Información Pública - LAIP, se basa en los principios de: Máxima publicidad, Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de administración pública, gratuidad en el acceso a la información pública, sí como sencillez y celeridad de procedimiento.
Durante la jornada a cargo de la licenciada Canté, se hizo una revisión general de la Ley, así como fueron atendidas las principales inquietudes de los participantes en cuanto a la aplicación práctica de la misma.
Como un participante más, el Cronista de la Ciudad tuvo la oportunidad de efectuar algunas consultas y exponer algunos comentarios relacionados con la importancia de la comprensión y aplicación de esta Ley por parte de los funcionarios públicos en general, especialmente porque la misma contiene aspectos que son de cumplimiento obligatorio y no dependen de la buena voluntad de ninguna autoridad. "El pueblo tiene legítimo derecho de saber en que son invertidos los recursos que se pagan mediante impuestos y otros tributos. De la misma manera como los funcionarios públicos están obligados a manejar y administrar con eficiencia y absoluta honestidad los recursos asignados para el ejercicio de sus cargos", manifestó,
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